La jugada de la Sociedad Rural: entrar en la causa de la CGT para blindar la reforma laboral de Milei
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La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para respaldar la validez de la reforma laboral (Ley 27.802) y solicitó que no se suspenda su aplicación, en el marco del expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional.
La entidad agropecuaria, que encabeza Nicolás Pino, pidió ser aceptada como tercero en la causa “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, adhiriendo a la defensa oficial sobre la constitucionalidad y vigencia de la norma. Argumentó que una eventual suspensión o declaración de inconstitucionalidad tendría un impacto directo sobre el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de la economía, en particular en el sector agropecuario.
Sociedad Rural banca la reforma laboral
En su presentación, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la previsibilidad jurídica y el normal desarrollo de las relaciones laborales en todo el país. Además, respaldó la postura del Gobierno respecto a la competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal, al considerar que los planteos sobre la validez de leyes del Congreso no deben ser tratados por la Justicia Nacional del Trabajo.
La organización también cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma, al sostener que implica una alteración del principio de división de poderes al dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso.
Sobre el fondo del debate, la SRA afirmó que la Ley 27.802 apunta a promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, y sostuvo que no implica una pérdida de derechos para los trabajadores, sino una actualización de herramientas para fortalecer la producción y la seguridad jurídica.
La denuncia de la CGT y la disputa judicial
En paralelo, la CGT avanza con su estrategia judicial para frenar la reforma laboral y evitar que el caso quede bajo la órbita del fuero Contencioso Administrativo.
La central obrera, a través de su equipo legal encabezado por Pablo Arnaldo Topet, sostiene que el traslado del expediente desde la Justicia del Trabajo implica una violación a garantías constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso, además de una “arbitrariedad manifiesta”.
El planteo sindical apunta a que las cuestiones vinculadas al derecho laboral deben ser tratadas por jueces especializados. En ese marco, advierten que, si no prospera su postura, el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La disputa también tuvo capítulos cruzados en tribunales. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda había dictado una cautelar que suspendió 81 artículos de la ley —incluyendo cambios en indemnizaciones, el banco de horas y limitaciones al derecho de huelga—, pero esa decisión fue luego dejada en suspenso por la Cámara del Trabajo, lo que permitió que la norma recupere vigencia de manera provisoria.
El trasfondo del conflicto no solo involucra la validez de la reforma, sino también una puja por la competencia entre fueros y el alcance de las transformaciones en el sistema laboral impulsadas por el Gobierno.
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